[Publicado originalmente en Acento.com.do, el 26/V/2017]

En estos días en nuestro país se ha levantado, como hojarasca en medio de la ventisca, una serie de rumores relativos al caso Odebrecht. Las especies puestas a circular a través de las redes sociales tienen una intencionalidad muy clara: confundir, dañar honras y preparar el terreno para el desenlace final del escandaloso caso de corrupción que se supone afecta a funcionarios del actual gobierno, de las gestiones de Hipólito Mejía y Leonel Fernández, así como legisladores y empresarios.

El hermetismo y la deficiente información oficial ha abonado el terreno para que una importante parte de la población consuma y acepte como ciertas las versiones puestas a rodar, desviando momentáneamente la atención, y en cierta medida, convirtiéndose en una especie de “mamila” ante los reclamos para que se identifique a los involucrados que señala la justicia de Brasil y la empresa constructora.

Los rumores puestos a circular, específicamente las listas de supuestos involucrados, coinciden en origen, motivación e intención. Han sido divulgadas por figuras de la comunicación a quienes algunos les llaman “bocinas”, mientras que otras responden con mayor rigurosidad a las características del rumor, pues no se conoce dónde inició su difusión.

En todos los casos, al no ser confirmada la información, los nombres de algunos ciudadanos a los que la sociedad considera honestos, cuando no honorables, al ser incluidos en las listas se ven enlodados de un fango que manchará por buen rato a los que sí son culpables en este inmenso fraude contra el país. Y ahí es donde reside la intención de dañar, pues se insertan esos nombres con el fin de desacreditar a figuras, de la prensa sobre todo, quién sabe bajo qué motivación personal, o política.

El rumor, esa herramienta que tanto daño hace en las empresas, es usado con cierta eficacia para afectar nombre e imagen de personas, ya sean de la vida pública o del ámbito privado. No es un recurso nuevo. En la antigüedad fue usado con fines similares. Por ejemplo, en la Roma imperial, aparte del “cuchucheo” maledicente, se usaban las paredes públicas para estampar grafitis denunciando o exponiendo ciertos hechos impúdicos de funcionarios, militares o personas comunes, verídicos o infundados, con el objetivo de dañar su reputación, impedir su ascenso o lograr que cayeran en desgracia.

En política es usado para demeritar, para distraer y para crear percepciones que muchas veces, si no son desmontadas  a tiempo y sabiamente, pueden provocar catástrofes en candidaturas o gestiones de ministros y figuras de la política, tanto oficial como de oposición.

Para quienes ponen a circular rumores del ámbito empresarial, sobre todo en relación con la banca y el sistema financiero, existen efectivos controles, pues el sistema se ha asegurado de que exista un marco jurídico que persigue y castiga a todo aquel que de manera intencional, por medio a rumores, intente dañar la imagen de sus instituciones. Sin embargo, para los políticos, figuras públicas o simples ciudadanos, no es tan simple limpiar su imagen afectada por el rumor divulgado por personas inescrupulosas que quieren dañar el honor y la imagen de sus víctimas.

En la era que nos ha tocado vivir, las redes sociales se han convertido en el medio por excelencia para divulgar rápidamente rumores, pues con la facilidad de anonimato, el morbo y la superficialidad con que los usuarios de éstas opinan, asumen y comparten informaciones sin confirmar ni analizarlas, es fácil crear la percepción de “verdad”, de información fiable.

Los afectados, todos, tienen familia, especialmente padres, parejas e hijos, personas que no necesariamente son responsables de las actuaciones de la víctima del rumor, pero sufren daños cuya dimensión no siempre se puede calcular. La situación es más grave cuando se trata de un inocente, sobre todo de un ciudadano que ha pretendido cuidar su honor, que ha cultivado la honradez como legado familiar, que ha pasado por posiciones públicas o privadas sin mancharse, sin usarla para corromperse o contra terceros. Ahí es peor, porque la familia, la gente cercana y la ciudadanía que le conoce es impactada, y aunque se disponga, lo más seguro es que no habrá consecuencias para el vil difamador.

Usar el rumor como un arma de destrucción moral, para corroer la imagen de personas inocentes, pensando que con ello se logra desacreditar cualquier expediente que llegue luego a los tribunales, es una perversidad mayor, que no solo daña al inocente y su entorno, sino que busca engañar a toda la ciudadanía, que ya está harta de tanta corrupción e impunidad.

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