A finales del año 2012 nuestro país conoció un movimiento de protesta muy distinto a lo visto antes. Jóvenes y adultos mayores salieron a protestar contra “el paquetazo fiscal” –una reforma fiscal que buscaba recaudar RD$46 mil millones para cubrir parte del déficit de RD$187 mil millones heredados del anterior gobierno, y que más luego aprobaría e implementaría el recién instalado presidente Danilo Medina­­­– y para exigir  que se investigara la responsabilidad del saliente Leonel Fernández en ese déficit fiscal.

Los miles de manifestantes que se concentraron el 11 de noviembre de 2012 y siguientes en la Puerta del Conde no eran los típicos sindicalistas, estudiantes uasdianos o “revoltosos” de la parte alta de la capital. Eran jóvenes de clase media hacia arriba, en su mayoría profesionales y técnicos o estudiantes universitarios; hombres y mujeres acomodados, de diversas edades, incluidos ancianos, algunos empresarios, comerciantes y gente de reconocida vida pública en el país.

Esta “nervadura” social era distinta a lo habitual. Ya se había empezado a tejer en las jornadas cívicas por el 4% para la educación, en “los muchachos de la Lira”, que protestaron en contra de la cementera en Los Haitises, y luego contra la Barrick Gold, y más adelante contra el intento de explotación de los yacimientos de Loma Miranda. Lo de 2012 contra la reforma fiscal era el climax de ese fenómeno.

A pesar de que ese movimiento social se desgastó en poco tiempo, y que no se impidió la aprobación del “paquetazo”, ni tampoco se investigaron las denuncias relativas al origen y responsabilidad del déficit fiscal, la semilla quedó plantada bajo el terreno abonado y humedecido de una ciudadanía que poco a poco se ha empoderado de su derecho a exigir que el Gobierno –del color que sea– cumpla con lo que le corresponde, a reclamar el cese de la impunidad y la corrupción, a vigilar de cerca el accionar de sus funcionarios, denunciándolos cuando actúan en contra de la Constitución y las leyes.

Esa semilla ha germinado, con brotes verdes y fuertes, y el pasado 22 de enero se manifestó en la impresionante marcha convocada para exigir castigo a los beneficiados de los sobornos por US$92 millones que la constructora brasileña Odebrecht reconoció había entregado a funcionarios y legisladores dominicanos, por el cese de la corrupción y la impunidad.

La “Marcha Verde” o “Movimiento Verde” tiene el mismo entramado social de las manifestaciones del 2012 contra el paquetazo fiscal. Es cierto que hay políticos involucrados, que cuenta con el apoyo abierto de partidos de la oposición, algo que no es ilegítimo. Pero lo que sí es contundente es que en ese movimiento está gente de todos los estratos sociales, gente que antes “no se metía en rebuses”, “blanquita”, junto con personas de niveles económicos más bajos, “de la periferia”. Es decir, que el amasijo humano que se está expresando en las calles de manera pacífica, lejos de un interés político que busca echar abajo el Gobierno (amén de uno que otro malintencionado u oportunista que sueña con pescar en río revuelto), está tras un objetivo más noble: que en nuestro país la Justicia empiece a funcionar correctamente, que se erradique la perniciosa cultura de “no te preocupes, eso con unos cuartos lo resolvemos”.

Aunque es posible que, igual que en 2012, la Marcha Verde se diluya en el tiempo que el Gobierno intenta ganar dándole largas a casos como el escándalo Odebrecht, en comisiones para investigar escándalos como el del Central Estatal del Azúcar o la licitación de Punta Catalina, no se debe olvidar que esa semilla sigue allí, y por lo visto, cada vez que brota lo hace más fuerte y más contundente.

No hay que esperar a que el Movimiento Verde se radicalice. La actual es la mejor oportunidad que tiene el gobierno del presidente Danilo Medina de “hacer lo que nunca se ha hecho” y encarar con gran fuerza a los que se han convertido en millonarios sobre la base de las obras sobrevaluadas, en esta y cualquier gestión, a los que han evadido impuestos millonarios, a los que usan tráfico de influencia en desmedro de los comerciantes que actúan apegados a las leyes, a los que burlan la Justicia e impiden ser procesados por sus delitos.

Ahora que parece existen pruebas irrebatibles contra los corruptos, es buen momento para enjuiciar a los que se valen del poder y sus relaciones para delinquir, para robar. Ahora que se aprestan a elegir los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, es una excelente coyuntura para elegir magistrados probos y sin compromisos con ningún partido o liderato.

¿Qué más puede perder el Presidente limpiando la Justicia, asumiendo el liderazgo en lucha contra la impunidad y la corrupción que nos agobia? Nada. Y ganaría mucho. Ante la historia, y ante la ciudadanía, que es seguro le pediría a gritos “¡cuatro años más!” (cosa que tampoco debería aceptar, si quiere permanecer en la memoria histórica como un verdadero demócrata).

 

> Texto publicado originalmente en ACENTO.COM.DO, en mi columna La Caja de los Truenos el 20-05-2017.
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