guzmanfermin
El jefe de la Policía Nacional ha condenado el linchamiento de un ciudadano haitiano, pero en la institución que dirige las ejecuciones de supuestos delincuentes están a la orden del día.

Escuché al jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, en rueda de prensa, sentenciar que “no podemos permitir que la gente haga justicia por sus propias manos. Eso sería un acto de barbarie, de violencia inaceptable”. Excelente posición para condenar el deleznable linchamiento del nacional haitiano Carlos Nerilus, a quien, con un hacha, le cercenaron la cabeza frente al velatorio de otro hombre, el dominicano Francisco de León Lara, a quien supuestamente el haitiano le había también defenestado.

Efectivamente, el linchamiento es un hecho aberrante para la sociedad, una estocada mortal para el imperio de la ley y la justicia, y una afrenta vergonzosa para nuestros anhelos de vivir en paz. Pero a medida que seguía mirando las declaraciones del jefe policial, no podía evitar recordar las ejecuciones que a menudo llevan a cabo agentes policiales, y para ilustrar dos casos: el de los tres jóvenes que en mayo del año pasado habían sido apresados por una patrulla en el sector Bello Campo, Santo Domingo Este, luego que una multitud los intentara linchar por haberlos sorprendido robando. Pero los policías, antes que cumplir con su misión de entregarlos a manos de la Justicia, tomaron la “justicia“ en sus manos y aplicaron una ley, que parece existe sólo para la institución del orden, y los ejecutaron a tiros. En otro caso, tres de cuatro alegados delincuentes fueron asesinados por agentes de la Policía, mientras permanecían esposados en la parte trasera de una camioneta, en un hecho ocurrido en Moca en julio de 1999. Las víctimas fueron Antonio Hernández y Julio Holguín y otro que nunca fue identificado porque no portaba identificación.

Estos son dos casos que se pueden mencionar como “ejecuciones o linchamientos policiales” porque los apresados se muestran en videos, vivos y esposados por los agentes, y luego han aparecido muertos, con disparos, sin faltar nunca la versión de que se trató de “un intercambio de disparos”. Las otras miles de muertes de jóvenes, supuestos delincuentes, a manos de agentes policiales y siempre bajo el argumento de “intercambio de disparos”, como no existen videos que demuestren lo contrario, y no se puede establecer que se trataron de ejecuciones, de asesinatos, simplemente se quedan así, casi siempre sin castigo.
Buen servicio a la sociedad haría el general Guzmán Fermín en manifestar igual actitud frente a estos otros linchamientos, tan comunes que ya a nadie sorprenden. Cada vez que una patrulla policial mata a un supuesto delincuente y alega enfrentamiento, la gente pone en duda la versión. Y es que muy posiblemente una importante parte de la población haya aprendido a resolver las diferencias y buscar justicia por sus propias manos, a partir del mensaje que le envía el poder, cada vez que la Policía, en lugar de entregar a los supuestos violadores de la ley, lo que hacen es ejecutarlos, como si para ellos existiera en este país la Pena de Muerte Sumarísima.
Estoy muy de acuerdo con el general Guzmán Fermín y lo aplaudo por su posición, pero lo estaré más si alguna vez impone el mismo criterio en su institución, que a la larga da el mal ejemplo y enseña a la población que la opción es ejecutar a quien delinque, comprobado o no, y no acudir a la Justicia para que sea ella quien determine la veracidad y gravedad de su delito, e imponga la sanción correspondiente, que nunca será pena de muerte.

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